Un total de 10,721 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual en el país el pasado año, según lamentó ayer la representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais.
“Esas situaciones de acoso, violación, agresión sexual a niños y niñas de este país. La magnitud del problema es extremadamente alta, muy preocupante, por eso sentimos una enorme frustración”, manifestó la ejecutiva, al considerar que Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, dentro de la que se inscribe República Dominicana.
En ese sentido, puntualizó que en El Salvador entre 2005 y 2013, cerca de 6,300 niños fueron asesinados, mientras que en Honduras en 2012, el 82.9% de las muertes de niños se produjo con armas de fuego. Expuso que los infantes definen la violencia con la palabra miedo, “miedo de salir a las calles, miedo de caminar a la escuela…”.
Otra preocupación que especifica es la alta percepción de impunidad para situaciones de violencia contra la niñez, tras alegar que en algunos países menos del 12% de las denuncias sobre esta problemática resultan en una condena.
Caso Wesolowski
Mientras que desde Ginebra el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura demandó ayer a la Santa Sede que investigue con “prontitud” y le informe del caso del ex nuncio en República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski - quien supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores-.
Mientras que desde Ginebra el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura demandó ayer a la Santa Sede que investigue con “prontitud” y le informe del caso del ex nuncio en República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski - quien supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores-.
La recomendación es parte de las conclusiones del Comité en torno al escrutinio hecho al Vaticano sobre abusos sexuales en la iglesia católica los pasados 5 y 6 de mayo. La responsabilidad del Vaticano en los casos de pe derastia no se limita a su territorio y abarca los abusos cometidos en terceros países siempre y cuando la Santa Sede “ejerza efectivo control” sobre el perpetrador, dijo el Comité, que recordó al Vaticano que la Convención le obliga a ser responsable de los actos de las personas que trabajan para él y “sobre las que ejerzan control”, sin tener en cuenta donde éstas ejercen su función.
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