Vincho Castillo, que es asesor de drogas del gobierno y jefe de la unidad de ética, le aporta los argumentos jurídicos para la defensa al sargento policial, y dice que la Convención contra la Corrupción lo protege
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director de Ética e Integridad Gubernamental, y asesor de drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo, consideró que el caso del sargento de la Policía Nacional Eduardo Masanet Martínez, encontrado con un alijo de 500 mil dólares en un vehículo de lujo, representa un peligro contra la presunción de inocencia, que tiene categoría constitucional.
Explicó que lamentablemente “la percepción está siendo peligrosamente unánime, y eso no nos hace bien, porque afecta el crédito de un poder tan importante como es el poder judicial”.
Castillo habló en su programa La Respuesta, y dijo que lo hacía porque los interactivos de su espacio televisivo se lo pidieron.
Explicó aspectos técnicos de la detención del oficial. El funcionario dijo que “el hecho de que un hombre joven, de unos 30 años, fuera detenido en las inmediaciones de Villa Consuelo, fuera liberado porque no se le imponía coerción alguna” ha dejado comentarios.
“Eso ha suscitado una enorme escandalera, porque lo habían puesto en libertad, y todo se ha servido para tejer una leyenda terrible. Yo creo que sí, que el magistrado de Atención Permanente (Alejandro Vargas) respondió en una forma estricta, robótica, al rigor probatorio que la nueva normativa del Procedimiento Penal impone”, declaró Vincho.
Entiende el funcionario que el juez Vargas se excedió, porque quizás obró con un criterio de juez de fondo. “¿Por qué? Porque en la Convención de las Naciones Unidas, que es ley nacional, contra la corrupción, en el artículo 28 se dice que el conocimiento, la intención y el propósito son elementos constitutivos de un delito… y podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas”.
Dice el doctor Castillo que el artículo 28 de la Convención contra la corrupción es el mismo artículo 4 de la Ley 72-00 sobre lavados de activos. Explica que un vehículo de lujo y el medio millón de dólares son circunstancias fácticas que permiten inferir que el delito está cometido.
Pero se corrige. Eso es parte de un debate que deberá producirse en el país. Y vaticina que habrá conflictos en la Corte de Casación, cuando lleguen los casos a debate.
Explica en qué sentido lo sugiere: Es tan interesante la disposición “que invierte el fardo de la prueba, crea un principio de presunción legal y le impone al sujeto, al individuo, la obligación de hacer la prueba de que eso no es así, que eso tiene explicaciones y fundamentos legales, que no hay anormalidad en ese patrimonio. Y se lleva –medio de encuentro- la presunción de inocencia que tiene categoría constitucional. Pero eso no lo puede resolver el juez de méritos de la inculpación, que es el juez de Atención Permanente, eso lo deben resolver los jueces de fondo”.
Vincho Castillo le resta méritos al Ministerio Público en el caso. Y dice que si en el proceso de instrucción las pruebas que logre hacer el inculpado, en este caso el sargento Eduardo Masanet Martínez, sean tan potentes que ya la jurisdicción de instrucción, “que no es actividad del Ministerio Público en ningún caso, entonces podría tener la posibilidad de liberar al sujeto de la inculpación, que se ha hecho al amparo de esos dos artículos”.
El doctor Castillo se empeña en ir al fondo del asunto, y evidentemente está buscando una salida técnica a este oficial, con características jurídicas, que pueda salir liberado de cualquier sospecha.
Dice el doctor Castillo: “Por eso creo que el escándalo que se ha armado es peligroso, en el sentido de que el pueblo no puede estar en una sala penal, el pueblo no tiene que ir a una universidad a aprender derecho penal ni derecho procesal penal. El pueblo tiene sus afanes, tiene sus dolores, sus limitaciones, tiene sus tareas. La Gente sencilla de lo que se lleva es de las cosas que percibe, y por desgracia la percepción está siendo peligrosamente unánime, y eso no hace bien, porque afecta el crédito de un poder tan importante como es el poder judicial y en la medida que ese poder público pierde crédito se produce entonces la llamada decepción cognitiva, que la sociedad entiende que su estado ha fracasado y que entonces lo que cabe es hacerse justicia por sí mismo”.
Juzgue usted, conociendo la costumbre del doctor Castillo de acusar de drogas a cualquier empresario, ciudadano, político o diplomático en la República Dominicana.
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