Los presos del penal militar de Guantánamo que lleguen a Uruguay lo harán en calidad de refugiados o inmigrantes, aunque aún persisten dudas sobre quiénes serán, cuántos y cómo se procesará su llegada al país, según información suministrada ayer por el Gobierno uruguayo.
El canciller Luis Almagro compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento para explicar los detalles del controvertido anuncio del Gobierno de que acogería presos del penal de Guántanamo, en donde dejó en claro que estos llegarían al país como hombres libres y sin ningún impedimento a su movilidad, aunque no aportó ningún otro dato.
"No son detenidos, no somos carceleros. Esta gente vendrá como refugiados o en el marco de la ley de migración, que prevé recibirlos para brindarles asistencia humanitaria en casos extremos", dijo Almagro a la prensa tras comparecer ante la comisión legislativa.
El canciller explicó que el Gobierno uruguayo y el de EE.UU aún negocian detalles sobre la llegada de los prisioneros, aunque no sobre si deberán permanecer retenidos dos años en el país como se especulaba sino sobre "la protección humanitaria" que recibirán y la "mejor fórmula jurídica" para que puedan ser recibidos.
Sin embargo, Almagro se negó a dar más información sobre los presos, incluso su número, en virtud del estatuto del refugiado uruguayo, que impide divulgar cualquier dato sobre los mismos bajo pena de prisión.
En este sentido, Almagro dio por hecho que los presos llegarán al país en calidad de refugiados, la otra opción que también se está barajando es dar cobertura legal a su arribo.
La oposición encontró estas explicaciones "poco satisfactorias", al considerar que están diseñadas para "ocultar información" y en otras ocasiones son "contradictorias".
Según dijo a la prensa el diputado del Partido Colorado Juan Manuel Garino, de las palabras de Almagro se deriva que "Uruguay ya tomó la decisión de acoger los presos" pese a que no haya un marco legal al respecto, lo que consideró "ilegal", al tiempo que se niega a la población "información relevante en cuanto a la seguridad".
"Uruguay en esto está haciendo de aliado del carcelero, que son los EE.UU. En este marco de violación de los derechos humanos de los presos de Guantánamo, se hace un acuerdo medio secreto con los perpetradores para decidir qué hacer con ellos", dijo Garino.
Por su parte, el diputado Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido Nacional, también criticó la actuación del Gobierno uruguayo en todo este asunto, particularmente al presidente José Mujica, que fue el principal encargado, a su juicio, de ir brindando "información contradictoria".
Además, también criticó al canciller por no informar de los presos, que según dijo el diputado serán seis, y ampararse en la ley del refugiado sin que se sepa "su cercanía con células terroristas, ni sus imputaciones".
"Se ve una preocupación de una acción humanitaria (con los presos) que quizá no se vea con otros países, como por ejemplo la isla de Cuba. No sabemos por qué media en esta situación Uruguay, nos falta información para tener un juicio", añadió.
Lacalle lamentó también que en este tema la gestión haya sido llevada de forma particular por Mujica, de quien el canciller informó que había recibido directamente el pedido del presidente estadounidense, Barack Obama, de acoger a los presos, cuando debería haber sido un trato entre ambas cancillerías.
Esa crítica también fue apoyada por el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que si bien entendió los "fundamentos humanitarios" esgrimidos por Almagro para acoger a los presos, lamentó la "falta de profesionalidad" y el "manejo en medio del secretismo y la opacidad" de toda la información.
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