Cuba promete proteger a sus inversores frente a Estados Unidos

Sin precisar cómo lo hará, la ley de inversiones extranjeras que ha aprobado este sábado por unanimidad la Asamblea Nacional del Popular (parlamento cubano, unicameral) para captar capital, tecnologías y mercados promete protegerlas contra las sanciones establecidas en las leyes de extraterritorialidad, vigentes en Estados Unidos desde los años 1992 y 1996. El objetivo de esa legislación, prorrogada por Barack Obama en 2013, es disuadir a las empresas internacionales interesadas en invertir en un país enfrentado con Washington poco después del triunfo de la revolución de 1959, cuando Fidel Castro confiscó las propiedades de grandes compañías estadounidenses y estableció un régimen marxista a un tiro de piedra de las costas de Florida.

Las leyes Torricelli y Helms Burton, así llamadas por la identidad de los congresistas que las promovieron, el demócrata Robert Torrricelli y el republicano Jesse Helms, impiden a ciudadanos norteamericanos invertir en Cuba, incluso si estos son de origen cubano. Pero no todos lo estadounidenses de ese origen podrán invertir en su país natal, según Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Sólo podrán hacerlo quienes "no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, ni estén vinculadas con la mafia terrorista de Miami” .

Cuando se normalicen las relaciones, y se imponga el dogma empresarial, business is business, Estados Unidos está llamado a ser el principal inversor de la isla por su cercanía geográfica y la intensidad de los lazos binacionales. “El embargo actúa, ahora más que nunca, en contra de los intereses de los propios empresarios norteamericanos”, subrayan fuentes oficiales cubanas.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por el general Raúl Castro, refrendó en sesión extraordinaria a la que la prensa extranjera no tuvo acceso una ley que sustituye la aprobada en 1995 y amplia los espacios abiertos a la inversión extranjera, todavía vetada en los sectores de la salud, la educación, instituciones armadas y los medios de comunicación, que seguirán siendo estatales. Cuba pretende un aumento del 30% de la inversión extranjera: más de 2.000 millones de dólares.