El presidente Danilo Medina trata con prudencia y cautela extremas el conflicto haitiano-- lo que explica que en su discurso del jueves abordara el tema muy superficialmente--, mientras desde el gobierno se hacen “filigranas legales” para que el proyecto de ley de naturalización y extranjería favorezca de alguna forma a los hijos de indocumentados nacidos entre 1936 y 2010 sin vulnerar la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional.
Por eso ha causado mucha molestia en las esferas oficiales la intolerancia de la diplomacia norteamericana que en su más reciente informe sobre los derechos humanos en el mundo considera que en República Dominicana se discrimina a los haitianos y se violan sus prerrogativas.
En la formulación del nuevo estatuto que el presidente Medina someterá al Congreso en los próximos días, la cúpula del gobierno ha invertido miles de horas-hombre tratando de conciliar intereses puestos de frente en los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena a los poderes públicos la regularización de los extranjeros residentes en el país.
Se han hecho consultas legales sobre extranjería a organismos e instituciones internacionales y a muchos de los más destacados tratadistas constitucionales de los Estados Unidos y Europa, se ha contrastado sus opiniones con los expertos dominicanos en la materia y consensuado puntos “que parecían imposibles de conciliar” en una nueva ley que trata de evitar la prolongación del conflicto.
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