SANTIAGO.-El arzobispado de Santiago y los obispos del Cibao, negaron ayer que el retiro del enlace de la Iglesia Católica y el Gobierno sea un rompimiento, porque es una pausa de entendimiento y pidieron a los legisladores garantizar el derecho, ya que legalizar el aborto es una “pena de muerte”.
Durante una rueda de prensa en el Arzobispado Rafael Cruz, Vicario de la Pastoral Familia y Vida y Juan Patricio Azcona, en representación de la Iglesia Católica advirtieron que lo que se pretende cometer desde el Congreso es “un crimen” despenalizando la suspensión del embarazo.
Se mostraron de acuerdo de un diálogo pleno donde impere la razón, la fe y la ciencia, como propuso el nuevo rector de la PUCMM, padre Alfredo de la Cruz, que será juramentado en enero.
“La legalización el aborto es dictar pena muerte a una persona por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable o bien podría tener alguna mala información”, agregaron.
Igualmente, dijeron que alaban y hacen suya la preocupación por la vida de la madre, pero “seríamos excluyentes y discriminadores si solo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre”.
Manifestaron que se trata de condenar a muerte al niño producto de una violación o incesto, pero no se habla de castigo al violador, como señala la Ley.
Igualmente, defienden la aplicación del artículo 37 de la Constitución, que reza “ el derecho a la vida es inviolable desde la concesión hasta la muerte. No podrá establecerse ni pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”.
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