Decenas de ciudadanos de Santiago –que aseguran fueron desalojados “ilegalmente” de unos terrenos que ocuparon por 15 años- protestaron ayer frente al Palacio Nacional demandando ser reubicados.Agapito Santos, secretario general de la junta de vecinos Los Reyes Tercero que agrupa a los afectados, explicó que en el 2005, alrededor de 900 familias fueron atropelladas y sacadas de forma irregular de sus viviendas en la sección de Jacagua por parte de autoridades santiagueras interesadas en los terrenos y que desde la fecha no han sido reubicadas por el Estado, a pesar de que les han prometido hacerlo en varias ocasiones.
Informó que poco después del desalojo, el expresidente Leonel Fernández ordenó la ubicación de las familias en la parcela 84 del Distrito Catastral 6 en la misma localidad de Jacagua, pero que parte de la comisión que se hizo cargo del caso y que estuvo integrada por varios funcionarios locales y estatales, vendió los solares a terceros. Dijo que han protestado en ocho ocasiones anteriores y que nunca les han resuelto la situación.
“Al expresidente Fernández le realizamos siete marchas hasta el Palacio, reclamándole que sus funcionarios no querían resolver, y nunca hicieron nada. Al presidente Medina le hemos hecho dos con esta y tampoco han resuelto nada, porque en Bienes Nacionales siguen con el mismo amarre con algunos funcionarios de Santiago, que quieren repartirse el terreno entre ellos”, manifestó Santos.
Denunció que el abogado del Estado en Santiago, Ramón Jacobo Vásquez, en complicidad con una abogada privada que identificó como Elisabeth Batista, también ha vendido parte de las tierras valiéndose de títulos falsos.
Explicó que la parcela en cuestión tiene aproximadamente 2,500 tareas, pero que ellos se conforman con una pequeña parte. “A veces nosotros nos preguntamos hasta dónde llega la codicia del ser humano, porque esa parcela da para la mitad de Santiago, pero la quieren dos o tres. No hay migaja para el infeliz, todo para el rico”, vociferó.
El vocero del grupo pidió al jefe de Estado que ordene al administrador de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, Emerson Soriano, que los ubique “de una vez por todas” en las tierras que -dijo- ya fueron declaradas de utilidad pública.
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