“Para que haya paz, tiene que haber justicia sin impunidad”, justificó Diosdado Cabello la iniciativa. Frente a la sede de la fiscalía, explicó que el documento de los parlamentarios chavistas considera que María Corina Machado podría haber cometido crímenes como homicidio, traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros. “Las leyes venezolanas van a alcanzar a María Machado. Ella cree que porque es de los Amos del Valle [aristocracia tradicional, en una expresión venezolana] nunca se van a meter con ella”.
De fructificar el antejuicio de mérito, y si el parlamento vota por el levantamiento de su inmunidad -lo que se da por descontado-, Machado enfrentaría un juicio que podría llevarla a la cárcel. Su curul sería ocupada por el diputado suplente de su jurisdicción, Ricardo Sánchez, un ex dirigente estudiantil de oposición que viene dando señales de acercamiento y connivencia con el oficialismo.
Precisamente Diosdado Cabello reveló que en la “Comisión de la Verdad” parlamentaria se había reservado un cupo de cuatro puestos para incorporar a los diputados opositores que desearan plegarse. Adelantó que Sánchez sería uno de ellos.
Poco antes, en rueda de prensa, el diputado por el estado de Lara. Eduardo Gómez Sigala, había declarado que el bloque parlamentario de oposición se rehusaría a formar parte de un ente “que está a espaldas del país, de los estudiantes, y de la verdad que ya todos conocemos”.
El oficialismo ha ido ganando espacios en el parlamento –cuya mayoría no tenía- forzando el allanamiento de las inmunidades de diputados opositores. Los diputados María Mercedes Aranguren y Richard Mardo fueron apartados en 2013 de sus escaños, acusados de diversos cargos de corrupción.
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