TONY RAFUL..ESCRIBIO ESTA NOTA...INTERESANTE !!!

“Francis Caamaño, amigo mío, los que te calificaron de aventurero y de subvertidor de su orden serán relegados al tercer plano de la historia o borrados del todo de sus páginas inmortales, mientras tu recia figura readquirirá sus perfiles ciclópeos y será reverenciada en mármol y bronce con patriótico recogimiento por las generaciones futuras”.
(José Francisco Peña Gómez)

Un gobierno puede ser de origen legal pero ilegítimo, la legitimidad genera obligación, responsabilidad política o ética y reconocimiento. La democracia y el Estado de Derecho se ven lesionadas si en el ejercicio del poder y mando político se produce una confrontación sensible de los conceptos de legalidad y legitimidad, que acuse la quiebra de  la relación entre la racionalidad normativa delimitada y la lógica deliberativa abierta.  No se puede abismar la diferencia entre legalidad y legitimidad porque conduce  a la existencia factual de un Estado totalitario o con visos arbitrarios. La Carta  Democrática de la Organización de Estados Americanos diferencia entre la legitimidad de origen, la que se expresa en la voluntad inicial electoral y la legitimidad  en el ejercicio del mandato. Un gobierno que pierde la legitimidad de su mandato por actuar contrario a los propios principios constitucionales y violaciones reiteradas a los derechos humanos, así como práctica impropia que gravita contra la ética pública y  el valor del consentimiento ciudadano, puede y debe ser desconocido por la sociedad.

Un especialista en el tema, Jurgen Habermas, entiende por legitimidad, el hecho de merecimiento de reconocimiento por parte de un orden político. Para este autor la legitimidad depende de las satisfacciones que conlleve el sistema que se quiere legitimar y la fuerza justificativa de tal legitimación en los niveles que propician la legitimación, como son eficacia, fuerza consensual y fuerza motivadora.

El doctor Alberto Borea Odría, señala que la legitimidad se adquiere cuando los gobernados asumen el derecho y la razón, que para mandar tienen los gobernantes, añadiendo que la legitimidad implica un mínimo de consenso de los valores básicos. Si estos valores básicos se deterioran o son violentados sobre la base de preservar la autoridad como una fuente permanente de poder, se transita desde el marco legal de origen a la ilegitimidad de sus acciones.  Mauricie Duverger, en sus cátedras de Derecho Constitucional en la Universidad de París, define la legitimidad por el ejercicio de la autoridad dentro de los límites constitucionales que implica respeto por los valores democráticos  sujetos a la consulta cotidiana del debate y la existencia del modelo participativo y plural de la disensión. Cualquier irrupción despótica basada en el providencialismo y la exclusión es ilegítima. Un gobierno legal por su origen electoral pierde su legitimidad por la secuencia de sus adefesios e inconsecuencia constitucional.

El coronel Francisco Caamaño, no vino a combatir a una autoridad legítimamente constituida, sino a enfrentarse en combate desigual, casi simbólico en cuanto a sus posibilidades de victoria, a un régimen que carecía de legitimidad y que había incumplido sus responsabilidades y acuerdos para garantizar la unificación de la familia dominicana, que gobernaba sobre el vórtice la guerra fría, cuyo destino era la permanencia indefinida en el poder y la burla a los procedimientos democráticos, situación que hubo de provocar la lucha por llevarlo a su propia legalidad como la definió Juan Bosch. El método empleado por el Héroe de Abril no fue compartido ni por Bosch ni por Peña Gómez, a pesar del intento de parte del gobierno de involucrarlos en dicha acción guerrillera. Lo ideal era que Caamaño hubiese encabezado un gran frente popular junto a Bosch y Peña Gómez que obligara al presidente Balaguer a respetar la Constitución, ofrecer garantías a la oposición y celebrar elecciones libres, pero su sacrificio, la ofrenda generosa de su vida, independientemente del desafío solitario de su caída y de las ideas radicales que asumió, merece respeto. No murió defendiendo carteles de la droga, ni representando  círculos mafiosos, ni procurando contratas millonarias, despreció el poder del dinero abrazado a un ideal de redención por amor a su país. Una vez capturado con vida (de haber sido muerto en combate no habría discusión posible de homicidio) su vida debió ser garantizada por diversas razones, entre  ellas, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales de 1949, en lo referente a los prisioneros de guerra, capturados con vida, además Caamaño era un héroe nacional que en 1965 simbolizó la defensa de la Patria. Hoy día, ni siquiera quienes dieron la versión inicial de su muerte en enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, se atreven a repetir esa versión mentirosa, manida e irrespetuosa para los dominicanos. El pecado histórico mayor es haber tenido el poder de salvarle la vida y no haberlo hecho, el de haber actuado con grandeza y generosidad y hacer lo contrario, mientras se transmitía difusa la orden marcial de su ejecución.