La alianza entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para crear una empresa conjunta encargada del suministro de agua a los hogares de 23 municipios de Barcelona (incluida la capital) con casi tres millones de habitantes sigue teniendo claroscuros. Hace un año, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) recibió la denuncia de la plataforma Agua es Vida para que investigara el contrato. Ahora, ha decidido archivarla aduciendo a sus “limitaciones” para ahondar en el caso. Pero el informe final, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un duro revés a la alianza público-privada: apunta “deficiencias significativas” y destaca que “no se justifica suficientemente” el hecho de que el AMB decidiera unirse a Agbar sin dar la posibilidad a otras empresas de que pudieran participar en la sociedad mixta a través de un concurso público.
Antifraude considera “cuestionable” que se renunciara a la concurrencia pública. Y, aunque no pone en duda que Agbar participara en los trabajos preparatorios previos que acabaron fraguando en la constitución de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, sí critica que la corporación metropolitana encarase la negociación “excesivamente dispuesta a asumir acríticamente” las propuestas de la compañía privada.
El organismo también considera que el AMB asumió que debía negociar con Agbar sin antes evaluar la posibilidad de licitar el contrato. Tampoco efectuó, recogen las conclusiones del informe, “un análisis jurídico y especialmente económico” sobre los contratos con los que la operadora de agua, ahora filial de la francesa Suez Environnement, ha mantenido durante décadas el suministro del agua en un puñado de municipios de Barcelona. Un juez llegó a fallar en 2010 que esos títulos habían dejado de tener efecto por su antigüedad.
Una vez cuestionada la elección sin alternativa de Agbar para constituir la nueva compañía, la Oficina Antifraude entra en aspectos económicos del contrato. Destaca, por ejemplo, “la brevedad y la pobreza de la justificación y el análisis” de los activos que aportan a la nueva sociedad el Área Metropolitana y Agbar, lo que “distorsiona sustancialmente el resultado final obtenido”. Fruto de esas valoraciones, la compañía privada se hizo con el 85% de la nueva sociedad, mientras que la corporación metropolitana se quedó con apenas el 15% restante.
Y suma a esas dudas dos más. Una, la fórmula escogida para que la nueva compañía adquiera a Agbar otros activos necesarios para su operatividad, pero que quedaron fuera de los que se aportaron inicialmente a la compañía. Están valorados en 196 millones de euros, que la compañía presidida por Ángel Simón irá cobrando a lo largo de 35 años, aplicando unos intereses anuales del 7,14%. “Tambíén parece cuestionable”, indica el informe de la OAC, la contraprestación que recibirá Agbar por el “know-how” sobre la gestión del agua que supuestamente aporta. El contrato estipula que la compañía privada recibirá un 3,5% de la cifra de negocio de la sociedad mixta. Se trata de un “enriquecimiento injusto de Agbar que vería doblemente retribuida su capacidad gestora”.
El portavoz de Agua es Vida, Moisès Subirana, destacó ayer que Antifraude “ha encontrado muchas cosas pero, por motivos que desconocemos, ha decidido que no va más allá para aclarar el contrato”. El conflicto de la sociedad mixta continúa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde otras empresas de servicios del agua recurrieron la elección a dedo de Agbar. Al alto tribunal también recurrió la Generalitat, que consideraba que la nueva sociedad asumía —y asume— tareas de gestión del agua en alta, una competencia reservada únicamente a la Administración autonómica. Ese recurso está, de momento, suspendido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario