El gobierno dominicano, a través de la Cancillería, expresó su malestar al Departamento de Estado de los Estados Unidos, por lo que considera un retrato de República Dominicana sesgado, desproporcionado y que se aleja definitivamente de la realidad del diario vivir en el país.
Esta afirmación se refiere a la descripción sobre la situación del país en materia de migración y derechos humanos, ofrecida en la sección de información de apoyo que acompaña a una oferta de empleo incluida en la página del Departamento de Estado.
“La República Dominicana tiene el firme compromiso de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas residentes en nuestro territorio, independientemente de su estatus legal o lugar de nacimiento, y el gobierno está realizando un esfuerzo serio y responsable en este sentido”, dijo.
La descripción a la que hace mención el Gobierno aparece anexada a una oferta de empleo patrocinada por el Departamento de Estado, en el que la dependencia oficial denuncia la existencia de “una discriminación generalizada y violencia xenófoba contra las personas de ascendencia haitiana, que en los casos más extremos incluyen linchamientos públicos y quema de viviendas ocupadas por personas de origen haitiano”.
La información también señala que un cuarto de millón de personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana “están en diferentes grados de riesgo de apatridia”, e indica que el gobierno dominicano ha privado históricamente a los niños de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano del derecho a la nacionalidad a pesar de un marco constitucional definido por el “jus soli” (derecho de suelo).
“Desde 2007, el gobierno (dominicano) ha puesto en marcha nuevas políticas que despojan de documentos de ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana que ya los habían recibido… Una nueva Constitución, promulgada en enero de 2010, ha cambiado el marco de la nacionalidad, la creación de un orden constitucional para negar la ciudadanía a los niños nacidos en el territorio a los migrantes no residentes…”, asegura el documento.
En respuesta, la Cancillería sostiene que en cuanto a la seguridad jurídica de las personas, que tanto el actual proceso de regularización de extranjeros, como las próximas medidas complementarias legislativas que se propone implementar el gobierno, garantizan que los procesos se llevarán a cabo con el más estricto apego a los derechos humanos y los convenios internacionales.
“Por todo ello, rechazamos cualquier aseveración prejuiciada que ponga en duda la actuación de nuestras instituciones”, establece la Cancillería en una nota de prensa.
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