SANTIAGO.-Varias instituciones de Santiago anunciaron su oposición al proyecto de ley impulsado por la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se procurará regular la carrera de Derecho y, en cambio, abogaron por un consenso entre profesionales y las universidades del país, porque la la fórmula que garantiza una ley basada en la democracia representativa y participativa.
La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), a través de su Consejo Directivo, Consejo Académico, Directores de la Escuela de Derecho, profesores y estudiantes, al igual que los colegios de Abogados y de Notarios Públicos y la Asociación de Abogados afirmaron que es indispensable que una ley para regular la carrera de Derecho sea aprobada de manera consensuada por los profesionales de esa rama del saber y las autoridades de los centros de educación superior.
El rector de UTESA, doctor Príamo Rodríguez Castillo, resaltó que en la universidad los principios se basan en la democracia, factor determinante para sugerir un proyecto que se sustente en el consenso.
“Que se sustituya el mecanismo de la reválida por capacitación continua; y que las universidades, las escuelas Nacional del Abogado y del Ministerio Público, capaciten de manera permanente a todos los profesionales del derecho y se fortalezca el área deontológica y que las pasantías sean realizadas en un plazo de tres a seis meses, y retribuidas por lo menos, para cubrir los gastos de los pasantes”, exponen los representantes de las instituciones en un documento remitido a los medios de información.
A su juicio, los redactotes-promotores del proyecto de ley han ignorado que la capacidad del abogado en ejercicio es una responsabilidad individual, como en todas las carreras y oficios.
También estiman que no toman en cuenta que el producto profesional que sale de las universidades depende en grado sumo del bachiller que recibe el Sistema de Educación Superior.
“De igual modo ignoran que el derecho es una ciencia y por ende dinámica, cambiante, que exige constante actualización y, el profesional que que se distancia del peso dialéctico del ejercicio del derecho, se anula, inevitablemente”, puntualizaron.
Y adicionan “desconocen que el derecho es una ciencia social, con tendencia permanente a la regulación de un amplio abanico de actividades humanas”.
“En el mercado de libre competencia, la capacitación y actualización es responsabilidad de cada abogado y no puede ser una imposición del sistema de gobierno; porque de convertirse en ley el referido proyecto, el Estado Dominicano pasaría a tutelar de manera inquisitoria el ejercicio de la abogacía”, argumentan los representantes de las instituciones académicas, profesionales y gremialistas.
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