POR UN MEJOR MODELO POLICIAL EN USA.

El gobernador Brown promulgó esta semana dos importantes medidas que contribuyen a la transparencia de la actividad policial para restaurar la confianza de la comunidad. Una de ellas, la que elimina la participación del Gran Jurado en la investigación en los casos de uso de fuerza mortal por parte de la policía, es un resultado directo de los hechos ocurridos en Ferguson, Missouri y Staten island, Nueva York.

En ambos casos, la acción de un policía condujo a la muerte de un sospechoso. Los fiscales de cada ciudad le presentaron las pruebas de lo ocurrido a un Gran Jurado quienes decidieron no hacer cargos contra los oficiales. Según reportes, especialmente en el caso de Ferguson, el fiscal presentó las pruebas de tal manera que llevó a los integrantes del Gran Jurado a descartar los cargos contra el oficial.

Los fiscales de distrito tienen una relación profesional estrecha con la policía ya que trabajan juntos en las investigaciones. En algunos ocasiones esta cercanía desalienta la prosecución de casos que involucran el abuso de fuerza policial. Una manera de hacerlo es aprovechar el poder extraordinario que les da las normas del Gran Jurado para dirigir el resultado final. Con la nueva ley, el fiscal ya no podrá escudarse detrás del Gran Jurado para no presentar cargos contra un policía, le queda a él la responsabilidad de tomar esa decisión y los votantes posteriormente dirán en las urnas si merece seguir en el cargo. Además de esta ley, la primera en la nación en su tipo, otra más fue firmada confirmando el derecho del individuo de filmar la actuación policial.

Esto está muy bien, pero es incompleto. Los defensores de la transparencia policial en Sacramento salieron derrotados en otra medidas de igual importancia. Entre ellos están los proyectos para regular el uso de cámaras vestidos por los agentes para evitar la manipulación policial y el que exigía a todas las agencias que reporten cuando hay un herido o un  muerto durante una interacción con los agentes del orden, entre otras medidas.

Los contribuyentes reconocen la importancia de la labor policial y sus riesgos mediante un buen salario y excelentes beneficios. Esta relación debería ser recíproca, a cambio tendría que haber una transparencia que lamentablemente cuenta con la oposición de los cabilderos policiales y legisladores que se olvidan que representan al ciudadano común.